fuente imagenDirector Revista 2010
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fuente imagenINDYMEDIA-La policía reprimió brutalmente a los trabajadores y trabajadoras de Kraft Foods (ex Terrabusi) que estaban reclamando dentro de la planta, dejando un saldo de 65 personas detenidas y cuatro heridos. Dentro del playón de la planta se encontraban apostados más de 300 efectivos entre policía montada, bonaerense y gendarmería. El violento desalojo, realizado después de las 17 horas, en la planta alimenticia ubicada en General Pacheco por orden del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa. La medida fue ejecutada por la fiscal Laura Capra y el jefe de la Departamental San Isidro, Omar Nasrala.
Luego de la brutal represión sufrida esta tarde por los trabajadores de Kraft-Terrabusi, se realizo una concentración en las intersecciones Av. 9 de Julio y Av. De Mayo, con motivo de solidarizarse con los trabajadores detenidos y reclamar su inmediata libertad. Más tarde la concentración marchó hacia el Congreso, la Casa de la provincia de Buenos Aires, el Obelisco y finalmente hacia Plaza de Mayo. Se resolvió convocar para mañana a las 16.00 Hs. En el Hotel Bauen, situado en Callao al 400 para coordinar un plan de lucha y solidaridad.


fuente imagen20-09-2009 / Mediante una compleja red de sociedades, el multimedios más poderoso del país paga sólo o el 2,8% de su facturación anual en concepto de cargas impositivas. Por Horacio Vázquez
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La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.
Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.
Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.
Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.
Esa obligación de perseguir y castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.
España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.
La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.
Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.
La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".
No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".
Firman este artículo José Saramago, Premio Nobel; José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático.
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Luego de un largo silencio sobre el tema, conocemos la información de la ONG Río Paraná, que hace saber que la empresa Makhena está realizando esta actividad, sin ningún tipo de restricciones.
El 11 de noviembre del año pasado, desde El Malvinense, publicamos que la empresa Makhena S.A., ofrecía a sus clientes, agua dulce del Río Paraná. En su página web, puede observarse en una de sus secciones, el siguiente texto: Comercialización de Agua Dulce de Río.
Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento.
Origen: Ríos de llanura. Argentina
Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío
Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque
Es decir, la sociedad Makhena, exporta agua dulce de Argentina, entre 60.000 y 70.000 toneladas, el equivalente a un monto aproximado de US$ 20 millones, si por ejemplo, se decide exportarla al Medio Oriente.(LEE TODO)

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03-09-2009 / Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.
Debate sobre la nueva ley de medios: 23 razones para apoyarla.
Por Roberto Caballero*
- 1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
- 2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
- 3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
- 4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
- 5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
- 6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
- 7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
- 8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
- 9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
- 10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
- 11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
- 12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
- 13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
- 14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
- 15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
- 16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
- 17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
- 18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
- 19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
- 20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
- 21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
- 22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
- 23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
- * Director de revista Veintitrés
- MARCELO FUENTE
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11/IX/09 Por Enrique Oliva
El peso del curso de la guerra en Afganistán, cuya probable evacuación, según opinan en Estados Unidos como entre sus aliados, nadie estima su comienzo en menos de 5 años, hace crecer las acciones rebeldes y agrava los problemas internos de Barack Obama. Un testimonio de la caída de popularidad del presidente yanqui, se aprecia en una nota publicada en el madrileño diario El País, el 6 de este mes de setiembre, de su corresponsal en Washington, Antonio Caño: “Su ausencia (por vacaciones) ha sido aprovechada por sus rivales para una despiadada campaña en la que se le ha comparado con Hitler, se ha identificado su programa de gobierno con el Manifiesto Comunista y se han sembrado en todo el país enormes dudas, no solo por su propuesta de reforma sanitaria, sino también sobre sus condiciones como comandante en jefe y las intenciones últimas de su presidencia. El famoso columnista Charles Krauthammer escribe la palabra presidente entre comillas y en algunos actos políticos ultras se ha hablado abiertamente de su asesinato”. El artículo se titula: “Obama, el mito se hace carne”.
Afganistán y su histórica rebeldía a los conquistadores.
Las opiniones internacionales sobre Afganistán le están dando creciente importancia al poder de los talibanes en uno de los países más pobres del globo. Es probable que su relevancia actual se haya nutrido por la histórica rebeldía a cuantos imperios han querido conquistar sus tierras de tránsito obligado entre Oriente y Occidente, desde siglos antes de nuestra era. El 99 % de sus 28 millones de habitantes es musulmán practicante. Son humildes, sin soberbia, impresionando bien a los viajeros por cultivar los principios morales religiosos y un sentido sin alardes de su propia dignidad. Es el único pueblo que he conocido donde me han rechazado propinas por atenciones recibidas, cuando unos pocos dólares ofrecidos, significaban algo más de un salario mensual.
Hoy parece que los colonialistas están valorando a Afganistán. Obama, ha declarado y repetido que “la seguridad de Afganistán es muy importante para la seguridad de Estados Unidos”. Casi con idénticas palabras han repetido lo mismo, para justificar el envío de más tropas de combate, jefes de estado como Gondon Brown de Inglaterra, Angela Merkel de Alemania, Nicolás Sarkozy de Francia y el español José Luís Rodríguez Zapatero.
Gordon Brown enfrenta a la opinión popular.
Gran Bretaña, la principal aliada de Estados Unidos aporta en Afganistán con 9.150 soldados. En 3 años ha perdido 212 hombres y contabiliza, según datos oficiales, más de 800 heridos, con 236 calificados de “muy graves”. Brown, en medio del interminable recuento de votos del comicio en el país ocupado, lo considera un progreso. También repite: “Sigo creyendo que un Reino Unido más seguro requiere un Afganistán más seguro”. ¿Temerá más terrorismo? Parece no haber influido en él la noticia retenida por varios días, informando que sus fuerzas militares “protegiendo” la votación de solo 150 afganos que se atrevieron a sufragar en una población de varios millares de inscriptos, soportaron el “asesinato” de 4 soldados británicos por parte de los talibanes.
Más el gobierno no tiene a favor la prensa conservadora, la más influyente. The Daily Telegraph, el Telegraph de los domingos, desaprueba la entrada en el conflicto.
The Independent afirma una opinión en ascenso en los países aliados o no: “La guerra no puede ganarse”, es lo que piensa “el 58 % de los ingleses”, según una encuesta.
Y se suma otro escándalo: Gordon Brown, días después de negarlo, admitió la liberación del “terrorista libio” Al-Megrahi, autor de la mayor tragedia aérea que costó la vida de más de 200 viajeros, por presión de la British Petroleum (BP) pues el presidente coronel Muammar Gaddafi, amenazaba a la empresa petrolera con no firmarle un contrato por 900 millones de dólares sin la libertad del “terrorista”.
Entre tantos otros problemas, Brown enfrentará elecciones generales en Mayo.
Alemania contra la corriente.
Los germanos se venían floreando con las buenas relaciones de sus tropas con la población afgana. Era una política de estado para cuidar la imagen germana, colaborando con la reconstrucción del país. Todos sus esfuerzos se derrumbaron con la muerte de “no menos de 50 civiles”, según información que luego de repetidas negativas se conoció la verdad de la masacre de varias docenas de inocentes pobladores afganos.
En la antes tranquila región “protegida” por militares germanos detectaron un camión cisterna arrebatado por los talibanes, a sangre y fuego, a un convoy aliado de la OTAN. El rodado quedó atascado en un banco de arena al tratar de badear un pequeño río, cuando se dirigía a una zona santuario dominada por los guerrilleros. Entonces decidieron ofrecer a los humildes pobladores que se surtieran del contenido de nafta. Estaban en el trasiego cuando lo detectaron fuerza germanas y el general a cargo tomó la decisión de pedir al comando de la OTAN en Afganistán un bombardeo aéreo a los presuntos talibanes, dando la ubicación precisa del vehículo. Así tomó la responsabilidad del operativo el militar germano. Rápidamente llegó un avión caza bombardero yanqui provocando un infierno. De los supuestos talibanes muertos comunicados por los germanos, “sin ningún civil”, las cifras de víctimas, verificadas en el terreno por periodistas extranjeros con testimonios de testigos, no cesaron de aumentar, recorriendo el mundo. A los muertos se agrega un centenar de heridos graves por quemaduras ante la explosión e incendio del camión cisterna y su carga de combustible. El conservador Le Figaro de París del 4 de setiembre, tituló sobre el grave incidente, culpando directamente a Estados Unidos: “Nueva metida de pata de la US Air Force en Afganistán”.
Angela Merkel debió fue citada al Parlamento a justificar lo injustificable, ante la indignación de políticos y organizaciones alemanas. Ese golpe a la imagen germana ha hecho recordar tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la jefa del gobierno, vaya Dios a saber quién le aconseja u ordena, ha insistido en la necesidad de enviar más tropas a Afganistán, “por la seguridad de Alemania”. También prometió una investigación “a fondo” sobre el bombardeo y sus responsables, al igual que las Naciones Unidas.
Lo cierto es que el panorama político está convulsionado y se aprecia nada favorable para la ahora débil coalición gubernamental de cara a los comicios generales a realizarse el 27 de este mes de setiembre. Tres elecciones anticipadas en sendos estados germanos, han mostrado que Alemania requerirá serios cambios en las urnas.
Mal humor europeo.
Cuando los pueblos del viejo mundo se preguntan quejosos el porqué de estar sus hijos en guerra contra un pueblo pobrísimo y lejano, más los compromisos que los atan a lo que ven como intereses norteamericanos. Las respuestas se esperan de las urnas
El impredecible presidente francés Nicolas Sarkozy, que tantas ilusiones se hizo con Barack Obama, ahora parece comenzar a tomar distancia con la Casa Blanca. Días atrás ha recibido en el Palacio del Eliseo de París, con gran pompa, a Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y jefe del gobernante partido Hamas. En la oportunidad, ambos mandatarios coincidieron en “denunciar la colonización israelí” sin consulta previa con Obama, quien parece (o precisa) limar asperezas con Israel, país que no oculta su disgusto con Washington.
Los españoles critican por igual al PSOE gobernante y al principal opositor Partido Popular por aprobar ambos el aumento de los 1200 soldados en Afganistán. Sobre los temidos talibanes, y sus ocultas posiciones, el matutino ABC de Madrid, titula con declaraciones de militares en Afganistán: “¡Están a menos de una hora de aquí!”, refiriéndose a las llamadas “zonas rojas” impenetrables a las fuerzas de la OTAN.
Medios europeos por igual objetan que la provisión de armamentos a sus efectivos para la defensa de las tropas alemanas, británicas y españolas. Sus respectivos gobiernos niegan pero Gordon Brown visitó a los suyos en Afganistán para tranquilizarlos.
En fin, serán las urnas la mejor encuesta para conocer los humores en el viejo mundo.
Clarín tiene $ 130 millones de deuda con la AFIP
¿Cómo Perón prescindió de ellas, liberando al país de deudas externas
y desarrollando a
4/IX/09 Por Enrique Oliva
El innegable odio que el General Perón generó en las grandes potencias del capitalismo salvaje comenzó cuando aplicó políticas financieras tocando privilegios de multinacionales colonialistas. Tan efectivo resultó el simple pero revolucionario ordenamiento, que Pierre Mendés France, durante los años 1954-1955, siendo Presidente del Consejo de Gobierno de Francia, lo tuvo en cuenta para la reforma bancaria de su país y elogió sus virtudes.
Perón explicaba muy simplemente su idea. Primero se preguntaba dónde y quién manejaba el ahorro de los argentinos, acumulado en especial en las reservas de los jubilados, bancos y empresas de aseguradoras, casi exclusivamente de propiedad británico. Esa enorme cantidad de dinero generaba mucho rédito otorgando préstamos blandos a sus propias empresas en el país, permitiendo derivar ganancias, eludir impuestos y provocar blanqueos. Con las medidas tomadas por el gobierno peronista, esos caudales, sin inversiones extranjeras, pasaron a servir al desarrollo nacional, abonando intereses razonables, sin caer en la usura internacional.
Un espectáculo tragicómico lo apreciamos meses atrás, cuando se dispuso el pase a ANSES de los aportes jubilatorios de los argentinos. En esos momentos, el común de los habitantes nos enteramos que capitales acumulados por las firmas privadas gerenciadoras tenían deudores extranjeros del calibre de Repsol, Telefónica, Techín, etcétera, donde en esos etcéteras había de todo, incluso medios de difusión. Es decir que, en lugar de ingresar dineros de otros países, las multinacionales usaban los créditos baratos de los trabajadores, mientras sus ganancias exageradas iban a parar, Dios sabrá dónde, pasando por los delictivos paraísos fiscales. No se aplicaban a fomentar el progreso nacional ni se prestaba a pequeñas y medianas empresas.
Un ejemplo curioso lo vimos este mismo año, cuando Hugo Chávez, el presidente venezolano, decidió nacionalizar una industria de Techin. Las organizaciones financieras, industriales, rurales, medios de difusión y hasta partidos políticos, llamaron a cruzadas exigiendo que el gobierno argentino defendiera los capitales nacionales ante Caracas, o por lo menos ayudara a obtener un precio realista frente al temor de una posible “confiscación”. Argumentaban aparatosamente que, de no proceder como ellos requerían, agudizaríamos nuestro “aislamiento del mundo” desalentando a las “tan necesarias inversiones del exterior”. Al fin, el precio de la operación venezolana se arregló sin problemas. Pero, hete aquí, que un par de meses atrás, Caracas cumplió el pago de la primera cuota de su adquisición, algo más de 400 millones de dólares, que no vinieron a nuestro país. ¿Cómo, Techin no era argentina? Pues no. Fue derechito al paraíso fiscal de Luxemburgo. Entonces, con autoridad y humor, el dirigente peronista platense Carlos Negri, difundió por internet una nota evidentemente dirigida a los “patriotas” que criticaron al gobierno de Buenos Aires por no defender a “una firma nacional”, titulando su escrito: “¡Que le reclamen al Gran Duque!”. Se refería al noble varón, cabeza de la “monarquía constitucional” de ese minúsculo país (2.586 K2 y 420.000 habitantes). Ese “estado” paraíso fiscal, miembro de
¿Otro ejemplo a lamentar?
El matutino porteño Ámbito Financiero de ayer jueves 3 de setiembre, nos informa que el argentino propietario de un fondo de inversión Eduardo Costantini, acaba de comprar en Miami, por 78 millones de dólares, un terreno de 4,2 Has., junto a una playa de
Al respecto ¿cabe preguntarse si este señor es el mismo Eduardo Costantini que acaba de convertirse en deudor del ANSES por créditos recibidos de empresas privadas que administraban jubilaciones, ahora pasadas al estado.
La nacionalización del ahorro de los argentinos
El gobierno peronista no nacionalizó los bancos ni aseguradoras extranjeros. Simplemente ordenó el manejo y orientación de préstamos con el ahorro de los argentinos. Ese capital nacional debía dirigirse al desarrollo obteniendo intereses razonables para aumentar sus reservas y salvaguardarse de posibles inflaciones. En especial permitía eludir la usura internacional. Las proporciones de los créditos se fijaba oficialmente de acuerdo a los planes quinquenales del gobierno. Entonces no pudieron seguir otorgando créditos a quienes se les antojara ni auto prestarse con firmas fantasmas e insolventes, cuyas centrales incontrolables se domiciliaban en paraísos fiscales.
Con la nacionalización del Banco Central se recuperó la conducción de la política monetaria. Tanta importancia le adjudicaba Perón a esa medida que en el mensaje al Congreso decía que esa medida equivalía a “nacionalizar
La llamada orientación del crédito
Como se ha visto, los bancos, aseguradoras y otras empresas financieras, continuaron en manos privadas. Pero, partiendo de que los dineros provenían del ahorro argentino, los préstamos debían acordarse en beneficio de los criollos, por medio del sistema de “orientación del crédito”.
A partir de entonces, era el estado quien disponía el destino a dar a la cartera de las instituciones financieras. Se establecieron porcentajes de los montos ofrecidos con intereses normales dirigiéndolos a obras públicas, industrias, agricultura, ganadería, vivienda, pequeña y mediana empresa, comercio, exportación, importación, apoyo al consumo interno, etc. etc. según los planes nacionales de desarrollo del país.
Con eso, con el ahorro de los argentinos, se pudo disponer de inversiones para la enorme obra de poner de pie una nación liberada de la usura internacional del capitalismo mafioso. La deuda externa fue saldada, incluyendo un préstamo en extremo corrupto por Bernardino Rivadavia con la londinense Baring Brothers, más de un siglo atrás.
Por eso, cuando los conocidos de siempre, vinculados a las redes financieras y económicas del capitalismo salvaje, insisten en buscar inversionistas extranjeros, están presionando al gobierno a ceder ante exigencias peligrosas, tales como admitir la mediación foránea o tribunales no argentinos y con empresas radicadas en paraísos fiscales. Hasta se ha ensayado con insistencia el conceder inmunidades inaceptables.
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