Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la Amazonía”.El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el oeste.
En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.
Son hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por
WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.
Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.
El movimiento global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.
[Federico Fuentes edita
http://boliviarising.blogspot.com]
Fuente:
http://boliviarising.blogspot.com/2011/09/bolivia-ngos-wrong-on-morales-and.html
rCR
Entradas
