El hallazgo tardío del cuerpo de Lucas entre los fuelles de dos vagones y los destrozos producidos por barrabravas disfrazados de indignados en la tarde del viernes forman parte de otro problema y no están relacionados entre sí. El primero agrega más dolor, abandono y desolación; el segundo es otra cosa y sugiere el aprovechamiento de la tragedia para golpear lo más arriba posible. No es la primera vez, ni será la última. Pero es importante recordar que cada tanto un grupo de extraterrestres apedrea estaciones ferroviarias, legislaturas o lo que sea sin otro motivo más que obedecer órdenes de la Nave Madre. Pero eso no debe desviar la atención del núcleo del verdadero problema: las condiciones en que viajan millones de personas diariamente para cumplir con sus obligaciones laborales.
Que el deterioro del servicio comienza en los sesenta o que haya sido privatizado a mediados de los noventa de la manera más irracional y traicionera es el inicio del despropósito, pero que el Gobierno Nacional haya permitido el avance de la decadencia después de ocho años de gestión resulta desconcertante. En este hecho lamentable hay una cadena de responsabilidades incumplidas que ameritan sancionarse y, cuanto antes, comenzar a reconstruir un servicio deteriorado por la avaricia de quienes explotan la concesión ante la ciega mirada de quienes debían evitarlo. Aunque no tan ciega porque, tanto la Auditoría General de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, vienen denunciando desde hace años “la desinversión y falta de mantenimiento”, aunque sin respuesta por parte de TBA. La empresa de los tres hermanos fue sancionada con sucesivas multas que no fueron pagadas. Impunidad, prepotencia, rebelión. Conductas inaceptables para el nuevo país que la mayoría está proyectando.
Apelar a la “falla humana” como una excusa cínica deja en soledad a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista, que no estaba alcoholizado ni drogado, de acuerdo a los análisis a los que fue sometido. Si los frenos funcionaron o no, si hay un diálogo grabado que demuestra lo contrario, si las declaraciones de Córdoba fueron las que fueron o no, se sabrá en unos días. Quizá sea necesario recordar que, además de Córdoba, hay otros humanos en el mundo de los trenes, como técnicos, mecánicos, controladores, supervisores, por lo que la tan mentada falla humana es tan amplia que no involucra a nadie. O a todos, que es más o menos lo mismo. También hay empresarios que, como tales, acumulan sin fallar, sobre todo en los recortes en mantenimiento e infraestructura vial. Y, aunque cueste creerlo, también son humanos.
El fiscal Federico Delgado presentó un dictamen en el que expresa la necesidad de investigar las “condiciones” del servicio ferroviario, las eventuales responsabilidades de la concesionaria TBA en el mantenimiento del servicio y el uso de los subsidios. Por supuesto que en la mira del fiscal estará la actuación de los organismos del Estado que deben controlar la calidad y seguridad del servicio. El fiscal Delgado se opuso a la excarcelación del maquinista, pero nada dijo sobre la libertad de los principales responsables, los avariciosos hermanos Claudio, Mario y Roque Cirigliano. “El que mata tiene que morir” vomitó una vez la diva. ¿Opinará lo mismo en este caso?
No la muerte, pero sí un castigo ejemplar. Si esta tragedia exige un cambio, ese cambio debe comenzar por el castigo al grupo que explota esa red ferroviaria. Y si se demuestra que la avidez por la acumulación ocasionó la desinversión en el sistema y, como consecuencia, las muertes, que pierdan la concesión resulta insuficiente; que devuelvan lo recibido en subsidios a lo largo de estos ocho años –más de dos mil millones de pesos- y que no se refleja en mejoras en el servicio ilumina un poco el panorama. Un avance importante en el castigo sería revisar el crecimiento patrimonial a partir de 2003, seguramente a costa de la incomodidad de los pasajeros y el riesgo de cada viaje. Gran parte de ese capital debería volver al Estado para ser invertido en infraestructura ferroviaria. Finalmente, estos pícaros hermanos deberán afrontar el pago de indemnizaciones a los afectados por la tragedia del miércoles. Si les queda algo de dinero y si la Justicia no los inhibe para emprender nuevos negocios –aunque debería hacerlo- podrán instalar un maxi kiosco en la estación Constitución, actividad que no resultará peligrosa para los ciudadanos, salvo que –en una clara muestra de no haber aprendido la lección- vendan mercadería adulterada o en mal estado. Así deberían terminar estos delincuentes que atentan contra la seguridad de la población. Claro, todo esto si se demuestra la hipótesis: el abandono del tren por acumulación de moneda.
Pero hay muchos más actores en esta tragedia que permiten rodar por las vías formaciones deficientes y poco confiables, seguramente para no poner en riesgo su fuente de trabajo o para no ser sancionados por la empresa. No sospechan –o tal vez sí- que al preservar de esa manera el puesto ponen en riesgo la propia vida, además de la de los pasajeros. La solución de este problema no pasa por cambiar nombres sino por reformular un sistema. Privado, estatal o mixto, pero serio, responsable y profundamente comprometido con el servicio que deben prestar.
Un poco más allá. Ahora detengámonos en......(SIGUE)
Entradas
