Por Fortunato Esquivel
El Gobierno del presidente Evo Morales ha solucionado el conflicto salarial planteado por la Asociación de Clases y Suboficiales de la Policía boliviana, es decir, por el sector menos favorecido de esta institución encargada de la seguridad interna del Estado. El acuerdo tendrá aún un periodo de discusiones hasta conseguir plena satisfacción de los desatendidos desde los gobiernos neoliberales.
Los policías exigieron nivelación a los salarios recibidos por los militares, lo que hubiera significado un severo desequilibrio a las finanzas y el presupuesto general de la nación. En la población, hubo reconocimiento para que estos recibieran un mejor trato económico, pero total desacuerdo en los métodos empleados para ello.
El conflicto comenzó con peticiones a cargo de las esposas de policías y posteriormente los uniformados se sumaron declarando “motín policial”. Se asaltaron edificios de la propia institución, se destruyeron documentos sensibles relacionados a los procesos que se siguen a policías corruptos. Se destrozaron computadoras y se incendiaron las pruebas referidos a ellos.
Durante los días de conflicto, los grupos de amotinados actuaron cubiertos con pasamontañas para no ser reconocidos. Las autoridades denunciaron que entre ellos existían expulsados de la institución por graves faltas de corrupción, otros militantes de partidos políticos de derecha que intentaban promocionar un golpe de Estado para provocar el cambio de Gobierno.
Aunque las autoridades estuvieron dispuestas a las negociaciones, algunos sectores de amotinados que actuaban armados desecharon consecutivamente las soluciones presentadas a la espera de enlazar su movimiento con una marcha de indígenas que avanzaba desde las tierras bajas hacia la sede de gobierno. El dirigente de éstos había anticipado que, a su llegada, la marcha tendría una “sorpresita” para los gobernantes.
Aparentemente, se trataba de sumar esa marcha al motín policial. Los partidos de derecha se encontraban agazapados, esperando la hora para actuar conjuntamente y promocionar el derrocamiento de Evo Morales. Una oportuna solución al conflicto policial, abierto con el desconocimiento de los negociadores que impedían soluciones, desbarató el plan subversivo.
La marcha indígena que traía una “sorpresita” quedó sin el apoyo de los amotinados y los políticos “gatos sagaces” en estas acciones se vieron desamparados, por lo que el proceso subversivo quedó sin base y tuvo que postergar sus intencionalidades, hasta una próxima ocasión.
¿Qué lecciones se deben sacar de esta nueva acción, parecida al golpe cívico-prefectural de 2008? Por lo menos dos. Una, que la Policía está infiltrada desde hace mucho tiempo por la embajada norteamericana y los partidos de derecha. La Policía mostró que tiene elementos contrarios al Gobierno con actitudes tremendamente racistas; y dos, que la Policía precisa una cirugía muy profunda para reorganizarla, renovarla y actualizarla.
Un sector profesional de la Policía mantuvo sus labores de vigilancia y seguridad, en tanto que algunos grupos de “contras” se dedicaban a insultar al Primer Mandatario mientras actuaban con métodos delincuenciales destrozando sus propios materiales de trabajo en los edificios de su institución. Estos grupos marginales exigen ahora que entre los acuerdos se los excluya de sanciones por sus acciones.
Los partidos de derecha actuaron desde las sombras financiando a los violentos, contribuyendo con parte de su militancia encapuchada para evitar su reconocimiento. Aunque el griterío incluía estribillos como ‘¡no tenemos miedo, carajo!’, actuaban sin mostrar su identidad.
¿De dónde vino el financiamiento para éstos? Es fácil suponerlo. Hace poco, el administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Feierstein, manifestó sin escrúpulos que Washington prioriza su apoyo a los partidos opositores que luchan por la democracia a la norteamericana.
Esta admisión es una clara prueba de que Estados Unidos está dispuesto a financiar a esos grupos subversivos que buscan la desestabilización de los Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), un mecanismo que funciona desde 2004 a la búsqueda de la integración económica, política y social de sus naciones afiliadas.
Feierstein confirmó que la Casa Blanca mantiene estrecha relación y entrega fondos a los partidos políticos antigubernamentales de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. ¿Los montos? Se los mantuvo en reserva. Pero en lo que se refiere a nuestro país, ya se puede imaginar quiénes los están recibiendo y cómo los gastan.
Las declaraciones de Feierstein confirman las denuncias que los Gobiernos progresistas de América Latina han realizado reiteradamente contra la Usaid y sus programas de carácter absolutamente subversivos.
El Gobierno del presidente Evo Morales ha solucionado el conflicto salarial planteado por la Asociación de Clases y Suboficiales de la Policía boliviana, es decir, por el sector menos favorecido de esta institución encargada de la seguridad interna del Estado. El acuerdo tendrá aún un periodo de discusiones hasta conseguir plena satisfacción de los desatendidos desde los gobiernos neoliberales.
Los policías exigieron nivelación a los salarios recibidos por los militares, lo que hubiera significado un severo desequilibrio a las finanzas y el presupuesto general de la nación. En la población, hubo reconocimiento para que estos recibieran un mejor trato económico, pero total desacuerdo en los métodos empleados para ello.
El conflicto comenzó con peticiones a cargo de las esposas de policías y posteriormente los uniformados se sumaron declarando “motín policial”. Se asaltaron edificios de la propia institución, se destruyeron documentos sensibles relacionados a los procesos que se siguen a policías corruptos. Se destrozaron computadoras y se incendiaron las pruebas referidos a ellos.
Durante los días de conflicto, los grupos de amotinados actuaron cubiertos con pasamontañas para no ser reconocidos. Las autoridades denunciaron que entre ellos existían expulsados de la institución por graves faltas de corrupción, otros militantes de partidos políticos de derecha que intentaban promocionar un golpe de Estado para provocar el cambio de Gobierno.
Aunque las autoridades estuvieron dispuestas a las negociaciones, algunos sectores de amotinados que actuaban armados desecharon consecutivamente las soluciones presentadas a la espera de enlazar su movimiento con una marcha de indígenas que avanzaba desde las tierras bajas hacia la sede de gobierno. El dirigente de éstos había anticipado que, a su llegada, la marcha tendría una “sorpresita” para los gobernantes.
Aparentemente, se trataba de sumar esa marcha al motín policial. Los partidos de derecha se encontraban agazapados, esperando la hora para actuar conjuntamente y promocionar el derrocamiento de Evo Morales. Una oportuna solución al conflicto policial, abierto con el desconocimiento de los negociadores que impedían soluciones, desbarató el plan subversivo.
La marcha indígena que traía una “sorpresita” quedó sin el apoyo de los amotinados y los políticos “gatos sagaces” en estas acciones se vieron desamparados, por lo que el proceso subversivo quedó sin base y tuvo que postergar sus intencionalidades, hasta una próxima ocasión.
¿Qué lecciones se deben sacar de esta nueva acción, parecida al golpe cívico-prefectural de 2008? Por lo menos dos. Una, que la Policía está infiltrada desde hace mucho tiempo por la embajada norteamericana y los partidos de derecha. La Policía mostró que tiene elementos contrarios al Gobierno con actitudes tremendamente racistas; y dos, que la Policía precisa una cirugía muy profunda para reorganizarla, renovarla y actualizarla.
Un sector profesional de la Policía mantuvo sus labores de vigilancia y seguridad, en tanto que algunos grupos de “contras” se dedicaban a insultar al Primer Mandatario mientras actuaban con métodos delincuenciales destrozando sus propios materiales de trabajo en los edificios de su institución. Estos grupos marginales exigen ahora que entre los acuerdos se los excluya de sanciones por sus acciones.
Los partidos de derecha actuaron desde las sombras financiando a los violentos, contribuyendo con parte de su militancia encapuchada para evitar su reconocimiento. Aunque el griterío incluía estribillos como ‘¡no tenemos miedo, carajo!’, actuaban sin mostrar su identidad.
¿De dónde vino el financiamiento para éstos? Es fácil suponerlo. Hace poco, el administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Feierstein, manifestó sin escrúpulos que Washington prioriza su apoyo a los partidos opositores que luchan por la democracia a la norteamericana.
Esta admisión es una clara prueba de que Estados Unidos está dispuesto a financiar a esos grupos subversivos que buscan la desestabilización de los Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), un mecanismo que funciona desde 2004 a la búsqueda de la integración económica, política y social de sus naciones afiliadas.
Feierstein confirmó que la Casa Blanca mantiene estrecha relación y entrega fondos a los partidos políticos antigubernamentales de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. ¿Los montos? Se los mantuvo en reserva. Pero en lo que se refiere a nuestro país, ya se puede imaginar quiénes los están recibiendo y cómo los gastan.
Las declaraciones de Feierstein confirman las denuncias que los Gobiernos progresistas de América Latina han realizado reiteradamente contra la Usaid y sus programas de carácter absolutamente subversivos.
PERIÓDICO CAMBIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario