El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha tenido
vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas. El
mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está
limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha
querido escuchar, se trata de problemas de solvencia. Las turbulencias pasarán y el crédito volverá. La buena gestión que han
demostrado las entidades bancarias de mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la próxima y cercana
recuperación económica. Para hacer frente a las necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el sector
público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones
que nos ha concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior a los 100 mil millones de euros que nuestros
socios europeos habían puesto a nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están plenamente garantizados.
La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación: En
ningún organismo público se informa de manera completa de las ayudas públicas puestas a disposición de las entidades bancarias.
¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. Sería difícil de sostener por parte de las élites políticas y económicas que el rescate del
sistema financiero ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de 2012 y además que ese rescate ha sido
insuficiente porque solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras
que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de activos, garantías y
avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas de solvencia.
Esta aberrante actuación de los responsables de velar por el interés general provocarán, con toda seguridad, una quiebra de las finanzas públicas arrastradas
de forma directa o indirecta por el sector financiero.
En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de fuentes
oficiales. LEER INFORME
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