*Rafael Artigas
Organismos de Derechos Humanos en nuestro país,
celebraron los 65 años de la promulgación de la Carta magna de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948 por Naciones Unidas, con miradas
diferentes de lo que hoy podemos entender por defensa y promoción de los
derechos humanos en Bolivia.
Sería muy largo detallar el proceso de
conculcación de los derechos que se dieron a lo largo de éstas seis décadas y
un poco más, en los países latinoamericanos con motivos de las dictaduras, las
organizaciones paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico,
con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y
pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.
La memoria colectiva es un referente para la
interpretación de los hechos actuales como fueron las dictaduras militares en
América Latina en la década de los 70 y 80, ya que son un testimonio elocuente
acerca del desprecio por la vida y el pisoteo a la dignidad humana.
La aplicación de la llamada Doctrina de la
Seguridad Nacional, que instruyó para que, militares, policías y personal de
inteligencia lleve adelante una guerra psicológica, inteligencia militar y
tácticas de interrogatorio y, ejercite brutalmente la tortura, la desaparición
y asesinatos, que tanto daño hizo a los derechos humanos en nuestro país y en
Latinoamérica, debe ser algo que no se repita jamás.
La Operación Cóndor o Plan Cóndor, con el
respaldo de la CIA, fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y
el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América, como
fueron en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, llevada a cabo en las décadas de los 70 y 80
con graves repercusiones hasta ahora.
La vuelta a la democracia constitucional en los
distintos países de la región, mejoró sustancialmente la situación de los
derechos humanos, pero seremos conscientes que éste balance de los avances y
retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país, es incompleto, sin
embargo sirve para señalar, a grandes rasgos, que el camino a recorrer, es
todavía largo y por demás difícil.
En la primera década del nuevo milenio, hemos
tomado conciencia de la necesidad de tutelar también derechos que aparecen como
“nuevos”, pero que no son otra cosa que una derivación de los derechos a la
defensa de la vida, de la libertad y del trabajo, como son: el derecho a la
vida desde la concepción, a la alimentación, al agua, a la salud, al medio ambiente,
derechos de las minorías, de los pueblos originarios para terminar con la
pobreza, la exclusión y la marginalidad.
El contexto actual de violación de derechos
humanos, está reflejado en índices de violencia, sobre todo a las mujeres, los
niños y niñas; los hechos crueles que vimos en Santa Cruz, La Paz y otras
ciudades, no son aceptables desde cualquier perspectiva humana, y también afecta
a los derechos de la población, la actual administración de justicia no está a
la altura de los desafíos para la protección real y efectiva de los derechos.
En este nuevo aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, como decía al inicio, debemos también analizar los
espacios desde donde se hace una lectura correcta de la defensa o promoción de
los derechos; estamos hablando de quienes ejercen un rol en la conducción o lideran
organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Curiosamente, algunos de ellos, acomodaron el
tema como los únicos promotores de los derechos; otros a título de “activistas”
colocaron el manto de la defensa de los recursos naturales, remarcando así su discurso
en defensa del TIPNIS, siguiendo el discurso opositor, seguramente aprovechando
el escenario pre electoral.
Otros, siguen su trayectoria de defensores y recurren a la misma arenga
de la defensa de los derechos humanos, utilizan a la institución para buscar
protagonismo, convirtiendo a ésta en una antesala para ocupar puestos políticos,
como ya se evidenció con uno de ellos recientemente.
Si bien hemos ganado terreno poniendo en vigencia
los derechos colectivos, no sólo a nivel nacional, sino internacional, debe ser
tarea permanente el hacer seguimiento a lo que Bolivia, desde el trabajo de la
diplomacia de los pueblos, puso en la agenda de debate en las Naciones Unidas
como son los Derechos de la Madre Tierra.
Finalmente, tenemos que reconocer que hemos
avanzado poco, que continúan los elevados índices de una violencia que es
estructural, transversal y creciente en nuestra sociedad y que se ensaña
principalmente contra los más débiles y vulnerables como la niñez, la mujer,
los discapacitados, los adultos mayores y otros, tarea que debe multiplicarse
en todos los que se sienten interpelados por defender la vida y luchar por la
justicia social.
*Rafael
Artigas, es comunicador e investigador orureño
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